Los copropietarios de la mayor cadena de tiendas de conveniencia de Luisiana, Brothers Food Mart, se libran de la responsabilidad de una cascada de cargos fiscales y de inmigración federales

El 21 de septiembre de 2022, Imad “Eddie” Hamdan y su socio comercial, Ziad “Z” Mousa, se sentaron en un tribunal federal de distrito mientras esperaban ansiosamente conocer el destino de su sueño americano. Después de tres días de deliberaciones, el jurado federal declaró a los copropietarios de Brothers Food Mart inocentes de una serie de cargos por delitos graves, entre los que se incluían fraude postal, cargos penales relacionados con los impuestos y acogida de extranjeros ilegales. Finalmente, después de tres años de incertidumbre y angustia, Hamdan y Mousa pudieron por fin volver a una vida de normalidad con sus familias.

En 2019, el Gobierno acusó a Hamdan y a Mousa de un cargo, cada uno, de conspiración para acoger a extranjeros ilegales, dos cargos de fraude postal y setenta cargos relacionados con los impuestos, que incluían 47 cargos de no retener, contabilizar y pagar al IRS los impuestos debidos y adeudados en nombre de los empleados de Brothers Food Mart, y 21 cargos de ayuda y asistencia en la preparación y presentación de declaraciones de impuestos federales falsas. Ambos hombres se enfrentaban a penas de prisión máximas por más de 70 cargos si eran declarados culpables.

El caso del Gobierno:

Durante un juicio de dos semanas, el Gobierno presentó pruebas abrumadoras contra Hamdan y Mousa. Para condenar a los cuñados, el Gobierno tenía que demostrar que Hamdan y Mousa eran culpables de los cargos más allá de toda duda razonable.

Las pruebas presentadas por el Gobierno de los Estados Unidos incluían:

• Testimonio de: ejecutivos financieros, personal de oficina, gerentes de tiendas y empleados indocumentados de Brothers Food Mart; agentes de la Oficina de Programas de Compensación de Trabajadores; expertos financieros del Servicio de Impuestos Internos, Paychex y E-Verify; y agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional.
• Testimonio relacionado con la supuesta contratación de trabajadores indocumentados en más de 30 tiendas de Luisiana
• Testimonio de trabajadores indocumentados que recibieron salarios en efectivo e informes internos que rastrean los pagos en efectivo que Brothers Food Mart les hizo
• Informes internos que demostraban que los sueldos de los gerentes de las tiendas se pagaban en parte con cheques y en parte con fondos en efectivo, y el hecho de que el empresario no informara de esto último a Hacienda
• Testimonio de los gerentes de las tiendas que confirman la recepción de pagos parciales en efectivo y el hecho de que el empleador no retiene ni declara dichos salarios
• Formularios W-2 emitidos a los gerentes de las tiendas y presentados al IRS, sin informar de los ingresos en efectivo utilizados para pagar los salarios de los gerentes de las tiendas

La defensa:

A pesar de las complejas cuestiones relacionadas con la inmigración y los impuestos implicadas en el caso y de las convincentes pruebas del Gobierno contra Hamdan y Mousa, la defensa pudo conseguir veredictos de no culpabilidad para Hamdan. Específicamente, el Bufete Báez mantuvo la inocencia de Hamdan en todos los cargos presentados contra él demostrando que:

1. Emplear a trabajadores indocumentados NO es un delito. Aunque contratar o seguir utilizando a sabiendas a personas que no están autorizadas a trabajar en los EE.UU. puede dar lugar a sanciones civiles, hacerlo no supone una infracción penal. En el juicio, el Gobierno obtuvo testimonios relacionados con el conocimiento que tenía Hamdan de la contratación de trabajadores indocumentados por parte de los gerentes de las tiendas de Brothers Food Mart; sin embargo, la estrategia del Gobierno confundió al jurado sobre el verdadero delito imputado. En respuesta, la defensa dejó claro que Hamdan sólo permitió la contratación de trabajadores indocumentados tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans en 2005. El Gobierno no discutió su contratación. El presunto acto delictivo fue ocultar a estas personas de la detección de las fuerzas de seguridad al no presentar los documentos requeridos a efectos laborales y fiscales. Durante el juicio, la defensa argumentó que no había pruebas de que Hamdan ocultara realmente a los trabajadores indocumentados, como prohíbe la ley. Todos trabajaban al aire libre. Nadie se escondió ni se vio obligado a huir cuando las fuerzas del orden se acercaron.
2. Pagar sueldos en efectivo NO va en contra de la ley. Los empresarios deben retener el impuesto federal sobre la renta y el FICA, rendir cuentas y pagar al IRS trimestralmente (impuestos del fondo fiduciario), realizar pagos trimestrales del FICA (impuestos sobre el empleo) y presentar los formularios 941 trimestrales. En consecuencia, los empresarios deben enviar el formulario W-2 a sus empleados y al IRS informando de los salarios e impuestos retenidos. En su caso, el Gobierno alegó que Hamdan no cumplió con su deber como empleador al conspirar para obstaculizar al IRS en la determinación, el cálculo, la evaluación y la recaudación de los impuestos sobre la renta y el empleo. El Gobierno argumentó que Hamdan pretendía enriquecerse a sí mismo y a otros evadiendo los impuestos sobre la renta y el empleo al no declarar supuestamente los salarios parciales en efectivo pagados a los directivos y los salarios en efectivo pagados a los trabajadores indocumentados. En el juicio, la defensa demostró que Hamdan pagó millones de dólares de impuestos sobre los salarios en efectivo. La Agencia Tributaria estuvo de acuerdo. Sin embargo, el Gobierno trató de refutar los pagos de Hamdan argumentando que, aunque pagó millones en impuestos, utilizó los formularios fiscales equivocados. En respuesta, la defensa argumentó que Hamdan no podía ser condenado por un delito grave por presentar los formularios fiscales incorrectos. En cambio, como las leyes gubernamentales son tan complejas, para establecer el delito fiscal, el Gobierno debía probar que Hamdan sabía exactamente lo que las leyes fiscales le exigían hacer y su intención de violar la ley. En pocas palabras, Hamdan tenía la intención de pagar impuestos sobre los salarios en efectivo, y lo hizo. Por tanto, Hamdan no tenía intención de infringir ninguna ley fiscal.
3. El Gobierno presentó cuestiones de distracción en torno a los salarios de las horas extraordinarias y las reclamaciones por lesiones personales. Sin embargo, el punto central del caso era y debería haber sido el presunto fraude postal, los cargos relacionados con los impuestos y el encubrimiento de personas ilegales. En consecuencia, durante el juicio, la defensa redujo las cuestiones predominantes para el jurado y expuso las tácticas engañosas del Gobierno en su investigación y persecución del caso.
4. Las leyes que rigen la elegibilidad para el empleo incluyen requisitos para preparar y conservar documentos precisos. Los empleadores son responsables de completar, mantener y presentar los formularios I-9 para verificar que una persona tiene permiso para estar en los Estados Unidos y está legalmente autorizada para trabajar. El formulario I-9 requiere que el empleado presente un número de seguridad social válido. El Gobierno engañó al jurado al imponer a Hamdan la obligación legal de rellenar los formularios I-9 para cada trabajador indocumentado. La defensa, sin embargo, pudo obtener un testimonio favorable de la testigo del gobierno Lisa Washington, la actual gerente de la oficina de Brothers Food Mart, que lleva mucho tiempo en la empresa. Washington declaró en el contrainterrogatorio que ella misma era la única responsable de gestionar las verificaciones de empleo de la empresa, y que Hamdan desconocía los asuntos laborales relacionados. Además, la defensa utilizó a la testigo experta Kathleen Gasparian, abogada especializada en inmigración, para desmontar el argumento erróneo del Gobierno. Mientras estaba en el estrado, Gasparian revisó el formulario I-9 y sus disposiciones. Explicó que los empleadores declaran bajo pena de perjurio que la información proporcionada en el formulario es verdadera y correcta. En consecuencia, un empleador puede ser multado si el formulario está incompleto. Sin embargo, en lo que se refiere a las personas indocumentadas, los empleadores carecen de la documentación necesaria para completar el formulario I-9 de la manera apropiada y requerida.
5. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no comparten información. El Gobierno argumentó que el hecho de que Hamdan no rellenara las declaraciones de impuestos de los trabajadores indocumentados les permitía pasar por debajo del radar de las autoridades de inmigración. Este fue, con mucho, el argumento más falso del Gobierno. Las leyes fiscales de nuestro país y las normas de confidencialidad del IRS protegen contra la aplicación de la ley de inmigración. Por ejemplo, el IRS tiene prohibido, por ley, revelar información de los contribuyentes. Si la información de las declaraciones de impuestos se compartiera con las agencias de aplicación de la ley como el DHS, eso crearía un desincentivo masivo para que la gente cumpla con las leyes fiscales en primer lugar. Dado que las declaraciones de impuestos contienen información sensible, y con el fin de fomentar el cumplimiento público del sistema fiscal, la ley federal exige que la información fiscal se mantenga estrictamente confidencial.
6. El Tío Sam cobró. En el juicio, el Gobierno no informó al jurado de que Hamdan había pagado de más en sus impuestos sobre la renta personal para dar cuenta del dinero que sus empleados debían al IRS. La falta de transparencia del Gobierno se amplió aún más cuando se negó a revelar al jurado las cantidades pagadas en exceso por Hamdan. La defensa argumentó que los pagos en exceso de Hamdan demostraban su intención de buena fe de pagar lo que se le debía al IRS. Además, la defensa argumentó y demostró que los pagos en exceso eran tan sustanciales que el Gobierno recibió una cantidad considerable más que si los impuestos se hubieran pagado con los salarios de los empleados. No es habitual que un acusado de evasión fiscal no deba dinero a Hacienda.

Este caso es un ejemplo clásico de extralimitación gubernamental, concretamente en los cargos fiscales. Tal y como expuso la defensa a lo largo del juicio, los esfuerzos de buena fe de Hamdan fueron evidentes. Las pruebas irrefutables demostraron que el Gobierno recibió una cantidad considerable de dinero, mayor de la que habría recibido si Hamdan hubiera declarado sus impuestos correctamente.

Afortunadamente, la comunidad salió adelante con Hamdan, al igual que Brothers Food Mart siempre salió adelante con su comunidad. Los veredictos dejaron claro que los jurados también consideraron que el caso del Gobierno era una grave extralimitación y desaprobaron tales acciones.

Por último, el 21 de septiembre de 2022, el gran sueño americano vivió. La defensa, el jurado y el veredicto demostraron que individuos como Hamdan y Mousa pueden emigrar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor para sus familias y que sus derechos constitucionales serán protegidos y honrados por el sistema judicial.